Diego Alejandro González. Ing. Químico. Magíster y Especialista en Ing. Ambiental
El auge de la explotación minera a gran escala es una actividad que desde hace dos años se encasilló como una de las “locomotoras del desarrollo”, formuladas por el actual gobierno. Esta situación no se puede ver desde un simple punto de vista de réditos monetarios por unas irrisorias regalías o impulso a la generación de empleo como un sector que redundará en el crecimiento de nuestra economía. Esta visión deja a un lado el equilibrio que debe existir entre las dimensiones del desarrollo y el estado que es ajeno a considerar las nefastas consecuencias que tendrá en la degradación del ambiente y los ecosistemas de las áreas de explotación.
El ejercicio de la autoridad del estado en este tema es débil y en los últimos años se han aprobado una cantidad de títulos sin ningún tipo de control, con una magnitud tal, que muchos de los proyectos avalados se encuentran en parques nacionales y en ecosistemas estratégicos. El caso que más ha llamado la atención en los últimos meses y que tuvo divulgación en los medios fue el debate y la serie de protestas en torno al licenciamiento de la explotación minera a gran escala en el páramo de Santurbán, hermoso reservorio de flora, fauna y fuente de agua para más de dos millones de colombianos ¿Hasta qué punto prima más un interés particular sobre el general en un tema tan delicado como la conservación de una zona que se supone debe estar blindada ante este tipo de amenazas? Esto sólo genera repudio y tristeza, pero, increíblemente la discusión sigue abierta.
Otro gran problema, menos mencionado pero quizás mayor, es la minería ilegal. En zonas apartadas donde la presencia del estado es nula o negligente, esta actividad se está convirtiendo en una poderosa máquina de destrucción por la agresiva explotación sin ningún tipo de control, sumado a que se convirtió en un nuevo motor de financiación de grupos al margen de la Ley y de fuente de ingresos para una población cada día más vulnerable por sus condiciones socioeconómicas, cuyos asentamientos en las zonas cercanas a la explotación sólo generan más presión y degradación de los ya sobreexplotados ecosistemas. Sumado a lo anterior, ya existen pruebas de contaminación de ríos con metales pesados y sustancias químicas producto de la extracción de metales preciosos, problema que no se ha considerado con su verdadera dimensión.
Es claro pues que la falta de institucionalidad, control y fiscalización de esta actividad, sumado al desequilibrio que hay entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental en la teoría de gobierno, seguirá siendo la causa principal de un problema que es evidente pero que no se le ha dado la importancia en la magnitud en que se presenta, quizás por desinterés o por no estar debidamente identificadas las consecuencias funestas de la explotación minera sin control.
Si no se da un manejo responsable al sector minero con criterios técnicos, autoridad y presencia del estado, esta explotación será recordada como la “locomotora del desastre ambiental” y habremos permitido acabar con un activo que es de todos, pero del que casi nadie tiene conciencia sobre su importancia más allá de lo netamente económico. Especial atención al monto de las regalías que le ingresan al estado, que es irrisorio en comparación con el daño al patrimonio ambiental y que no internalizan en nada los costos ambientales de esta “locomotora”. {jcomments on}