La participación ciudadana en el Control Social es un derecho y un deber que a través de las herramientas establecidas dentro de la Constitución Política de 1991 podemos ejercer referente a la Administración Pública con el objetivo de mejorarla.

Para ello, existen las siguientes:

• Mecanismos para obtener información.

• Mecanismos para intervenir ante los riesgos de la gestión pública.

• Mecanismos de participación política.

Pero también es cierto que no solamente es necesario hacerlo de manera formal y legal, hay otras formas informales, cómo por ejemplo con la llamada presión social o con los medios de comunicación, aprovechando su cobertura y masificación para incidir en la opinión y comportamiento de las comunidades acerca de cómo se está ejerciendo la gestión pública porque los medios somos responsables de forjar un cambio, ya sea observando y analizando el actuar de los funcionarios públicos con el mal manejo de los dineros o la efectividad de los proyectos concretados.

Las veedurías también cumplen un papel primordial, igualmente que otros grupos, y como ventaja se puede decir que ya se encuentran de alguna forma reconocidos  y tienen posibilidades de intervención y cierta autonomía. Además también están incluidas las diversas organizaciones no gubernamentales

(ONG), cámaras de comercio, universidades y asociaciones gremiales que, pueden realizar también estas veedurías ciudadanas.

Para que exista un control social se hace vital que exista primero una desobediencia a las normas y regulaciones establecidas explícita o implícitamente por una sociedad, porque lo que se pretende garantizar es mantener un orden y una estructura favorecedora para las personas que hacen parte, siendo equilibrados y justos con las mismas.

Cuando se quiere conseguir un propósito de corrección algunas de las estrategias para lograrlo son por ejemplo, hacer visible y difundir a todo el público posible e interesado información oficial, veraz e investigada en dónde se den a conocer aspectos relevantes, ya sea para que utilicen eso a favor y así puedan tomar las debidas actuaciones acordes, para que preceda una sanción social o legal, pero para que esto se dé es vital que sea masiva la situación.

También es fundamental empoderar a los individuos y colectivos de medidas de las que ellos, puedan valerse posteriormente con el ánimo de denunciar o demandar judicial, disciplinaria o fiscalmente, con fines de mejoramiento y reivindicación. Además es importante cerciorarse de lo que acontece más adelante, para ello es necesario hacer un seguimiento constante y continuo para verificar que se estén cumpliendo los compromisos que se adquirieron con las comunidades.

La buena Comunicación hace parte de todos estos procesos de vinculación y conformación de puentes entre las personas y el gobierno, sólo así es posible asegurar la equidad, responsabilidad, y una correcta participación democrática.

El periodismo investigativo busca afrontar diversas fuentes, cuestionándolas, escudriñándolas y apropiándose de argumentos y juicios de valor, y esta es una de las fórmulas de gestar el llamado control social y las preocupaciones de la sociedad, son motivantes para ejercerlo.

Las unidades investigativas de los diferentes medios de comunicación indagan sobre las contrataciones y a dónde van a parar los recursos públicos, y es aquí el medio se convierte en un veedor de los bienes del estado.

El medio debe ser un líder que encauce la democracia, que sólo es posible cuando el pueblo tiene poder de decisión, y para ello es vital que los periodistas empoderen a las comunidades con la información suficiente, para que ellos tomen las medidas justas respecto a lo que sucede en su entorno, y que mejor modo que averiguando el accionar de nuestros dirigentes, evaluando sus comportamientos, exigiendo rendición de cuentas, y buscando pruebas que determinen si existe despilfarro o no en los dineros oficiales.

Poner en conocimiento a la ciudadanía de los engaños en contratos costosos y/o no justificables, arguyen la exigencia y presión por parte de las personas para que sus conductas delictivas sean enjuiciadas. Motivando la capacidad de reflexión, para que cuestionen la administración con la firme convicción de desbaratar los intereses ajenos al pueblo y asegurando la exigencia de su sanción.

La fuerza de la participación ciudadana se ve con el rechazo a estos sucesos a través de las redes sociales, movimientos que se gestan, entre otras formas de proceder, y volviéndose así ellos, actores sociales al defender su patrimonio, exigiendo soluciones a las instituciones conformadas para tal fin.

El control social hace que se propicie la obediencia a las reglas existentes en la sociedad sin tener la necesidad de recurrir a la coacción y al uso de la fuerza. Para legitimar estas normas debe haber un consenso entre los miembros reconociendo los resultados beneficiosos.