Desde hace varias semanas se ha venido comentando acerca de la reforma tributaria que está preparando el Gobierno Nacional y que se espera sea radicada en el Congreso para su respectivo trámite, la mayoría de los colombianos quiere comprender qué se viene con ese intento del presidente Juan Manuel Santos para tapar el hueco fiscal del Estado.

Además, hace años se denunció por parte de la comunidad estudiantil un déficit de 12.6 billones de pesos en la educación superior del país.

Por otro lado, el impuesto a las gaseosas resulta importante no por los estados económicos del país, sino por cuestión social y salubridad. Entendemos que, aumentando los precios de productos perjudiciales para los jóvenes y niños, se da la batalla en la prevención de la obesidad en menores de edad, que son consumidores generalmente de estas bebidas.

Si analizamos desde el punto de vista financiero, la reforma gravará la gaseosa en $300 por cada litro, causando un impacto en la industria al disminuir las ventas para dichas empresas y los ingresos sufrirán la misma suerte, es decir, se desincentivaría la producción de este producto en Colombia.

Ahora bien, hay un tema relevante que se trató en el nuevo proyecto tributario, que es algo innovador en cuanto a reformas de este tipo se trata y es el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que lastimosamente las toca y se contempla desde una perspectiva de descontento para las personas que se encuentran en este medio.

En las redes sociales los ciudadanos han manifestado su indignación porque con esta medida se buscaría desincentivar la globalización del país por medio del Internet, los siguientes son los motivos:

Según el artículo 18 del proyecto, se busca gravar a las páginas web, hosting y almacenamiento en la nube, es decir, empresas como Mega, Dropbox u OneDrive, que son servicios de almacenamiento de pago mensual o anual, tendrían que aumentar el precio. El consumidor le saldrá más caro la adquisición de los productos y entrará el sector a disminuir su uso porque muchos no podrán seguir pagando.

Adicionalmente, el suministro de software, servicios online audiovisuales, de enseñanza o entrenamiento a distancia, plataformas de pago y demás, comenta el susodicho artículo que también serán perjudicados por el aumento del IVA.

Lo anterior, puede repercutir en lo siguiente, desaceleración de la economía digital, pérdida del emprendimiento web en el país, el cual ha sido uno de los que ha ayudado al crecimiento económico en los últimos años del país porque en Colombia a las startups (empresas emergentes) les gusta venir y generar empleos manejados a través de Internet.

Además, las compañías extranjeras que administran todo por medio de las redes no querrán llegar a invertir, no será rentable crear software y los servicios que se llevan a cabo por Internet, por ejemplo, Platzi, uno de sus creadores es colombiano, se verá inmiscuido en este tema por ser una plataforma de enseñanza digital.

Por otra parte, habrá IVA para los celulares que superen el precio de $650.000 y los computadores de más de $983.000, es decir, se va a desacelerar en primera medida el consumo de tecnología en Colombia.

-Algo que sin lugar a dudas comenzará a abrir las brechas del analfabetismo digital y el país se sumergirá en una especie de “desglobalización” respecto al colombiano promedio-.

Estas condiciones futuras no ayudarán a incentivar a los jóvenes a comprar cada vez mejores tecnologías para el emprendimiento, el software o cualquier tipo de producto tecnológico que se encuentre en vanguardia en el planeta.

En conclusión, es preocupante estos temas, porque el gobierno demuestra cada vez más su desinterés en cerrar las brechas tecnológicas en el país. Las personas con menos ingresos no podrán acceder a estos servicios modernos que ayudan a la adquisición de conocimiento y en la agilización de los procesos educativos que hace décadas parecía imposible.

Como dato adicional, no se puede esperar ser un país próspero si para crear empresa se exige una cantidad de procedimientos (más de 15 pasos), mientras en Estados Unidos, simplemente piden seguir de 5 a 7 pasos.

Escrito por: Yesica Paola Bayona Torres y María Angélica Bermúdez Galvis, estudiantes de Administración de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña.

Editado por: Daicy Celiani Echeverri Castillo- Directora Primernombre.com

La reforma tributaria que se avecina en Colombia parece inevitable. La baja en los precios del petróleo ha afectado negativamente la economía nacional.

Cuando el oro negro estuvo a buen precio ni lo notamos, y la necesidad de meterse las manos a los bolsillos para poder mantener la estructura estatal, que no es nada barato, parece comprensible.

Sin embargo, queda el tufillo de estas nuevas medidas políticas que aprietan en cintura a las clases media y baja, mientras sigue favoreciendo a los grandes grupos económicos complaciendo a los sectores más poderosos.

Por ejemplo, la reforma acaba con los beneficios de la Ley del libro, que eximía de impuestos a los productos literarios. Esta disposición no solo es contraproducente, pues encarecerá y dificultará el acceso al material de conocimiento impreso promoviendo la piratería, sino también inútil.

¿Qué ganancia puede representar al país encarecer en un 14% los libros con un promedio de lectura tan bajo como el colombiano?

De acuerdo a la Encuesta de Consumo Cultural realizada por el DANE en el año 2014, el promedio de libros leídos por habitante en nuestro país es de apenas 4,2.

No obstante, este dato, es engañoso, si tenemos en cuenta que el Centro Regional para el Fomento del Libro en Latinoamérica y el Caribe descubrió en su estudio de comportamiento lector y hábitos de lectura del año 2012, que el 68% de los colombianos no leía.

De este informe se infiere que el promedio de libros por habitante en Colombia es levantado por esa minoría lectora del país. Si vamos más allá, la misma encuesta de consumo cultural muestra que, en promedio, cada colombiano compra 2,2 libros por año. Preocupante.

Una de las explicaciones recurrentes para nuestro escaso consumo de libros, es que en promedio un libro en Colombia cuesta alrededor de $40.000 pesos. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo establecido para el presente año no alcanza a ser ni siquiera de $700.000 pesos, es comprensible que quienes lo devengan lo piensen dos veces para adquirir uno.

¡Imagínense si se llegan a poner más caros!

Es hora de que dejemos de ver la lectura como un tema menor y encaminemos nuestros esfuerzos a promoverla. Una sociedad leída e instruida es difícil de engañar por una clase dirigente que la puede manipulador a raíz de la ignorancia del pueblo.

Un ejemplo, fue la campaña del NO en donde convencieron a las personas de votar negativamente por los acuerdos de paz con argumentos como que el país se convertiría en una dictadura ‘Castrochavista’ o una república gobernada por homosexuales, entre otras falacias.

Si se pretende una verdadera democracia, es necesario que el país derrote la apatía lectora y favorezca la adquisición de materiales de aprendizaje, pues su construcción requiere de una ciudadanía informada y con capacidad de discernimiento que solo la lectura puede otorgar.

Imponer un gravamen a los libros solo desestimularía su uso en un país que necesita aumentar sus índices de lectura. La agonizante industria editorial colombiana debe ser excluida de dicha reforma. Una última cuestión, ¿Y los bancos?

Jesús Daniel Ovallos

Estudiante de Comunicación social y director de la Escuela Juvenil de Escritores de Ocaña.