Durante la semana en curso los alcaldes del Catatumbo pertenecientes a Asomunicipios, han cumplido una provechosa jornada en la ciudad de Bogotá.

La primera reunión se llevó a cabo con Emilio José Archila Peñalosa, Alto Consejero para el posconflicto, en este espacio cada alcalde expuso la situación de su municipio, con la insistencia de lograr victorias tempranas a partir del trabajo desarrollado con las comunidades.

Propuestas sobre la mesa

El funcionario recibió el documento “Propuestas para la construcción de políticas públicas”, como un posible insumo para el Plan Nacional de Desarrollo.

Con el funcionario se acordó una jornada de trabajo en Ocaña, para el 21 y 22 de diciembre en la que se profundizarán los temas coyunturales del territorio, además se precisarán las acciones a ejecutarse en el 2019, y las proyecciones para los años 2020 - 2021.

Fortaleciendo el sector agropecuario

Así mismo, como continuidad a la reunión sostenida en el pasado Taller del Campo en la ciudad de Cúcuta con el Ministro de Agricultura, en la que el alto funcionario recibió el documento “Propuestas para el fortalecimiento al sector agropecuario”, presentado por Asomunicipios y respaldado por FEDEPROCAP, ASOPROCANOR y COOPERACAFÉ, este 5 de diciembre en horas de la mañana se realizó una jornada de trabajo junto al Ministro del Medio Ambiente Ricardo Lozano.

La reunión estuvo validada por el documento técnico presentado por Asomunicipios, haciendo énfasis en la construcción de reservorios, saneamiento predial y básico; compra de áreas estratégicas, fortalecimiento de los cuerpos de socorro y de los sistemas de prevención al riesgo.

El Ministro de Agricultura Andrés Valencia, aseguró que se aproxima una línea especial de crédito de agricultura por contrato, y que mantendrán el diálogo con los alcaldes a través de Asomunicipios, adicionalmente mencionó que seguirán en la revisión de los proyectos radicados ante la Agencia de Desarrollo Rural.

Escrito por Comunicaciones PrimerNombre con información suministrada por Asomunicipios 

Escrito por: Mg. Alex Mauricio Rodríguez Suárez- Director revista PrimerNombre.com

Que las personas confíen en el gobierno de turno, o de manera general en el ejercicio político, como un medio que da soluciones a los problemas de la sociedad, de la mejor forma posible, es algo inconcebible en la Colombia actual.

Al mismo tiempo, los colombianos siguen eligiendo a los políticos de siempre sin evaluar la viabilidad ni el impacto de sus propuestas o sus hojas de vida. Por otra parte, para alcanzar victorias electorales se hace necesario un buen presupuesto, maquinarias e influencias que están atadas a favores políticos después de ser elegidos.

Entonces, ¿eso significa que estamos condenados a que los políticos y gobernantes despilfarren los recursos públicos a su antojo y el de sus allegados?

Son más los buenos  

Me rehúso a creerlo, y es que siempre serán más los buenos que los malos, y son cada vez más los buenos que se están formando y recibiendo educación; en el país ha venido bajando los índices de analfabetismo y aumentando la cantidad de personas con educación superior, tanto en pregrado como en posgrado.

Aunque muchos no crean en la calidad o en el sistema educativo, además de la exorbitante cantidad de contenido mediático estúpido a la que estamos expuestos a diario, promovido principalmente por la era digital, hace difícil pensar que existan estudiantes íntegros y con pensamiento crítico.

Así que tenemos una generación que se está cualificando, mientras se enfrenta a la cruel realidad del país donde abundan las injusticias y carece de oportunidades dignas para personas éticas.

La constante lucha contra la corrupción

No obstante, la presión social para disminuir la corrupción está logrando que se cree reglamentación en pro de la transparencia de la información pública, permitiendo que las personas indaguen y cuestionen la administración de los recursos, haciendo que los encargados de los mismos tomen decisiones con mayor cautela logrando resultados más significativos.

Por ejemplo, que se haga un concurso de méritos cuyo proceso hace sentir que las personas ya estaban preseleccionadas debería quedar en el pasado, es necesario que se garantice la confianza en las fases que llevan a elegir a la persona más idónea para la organización, por supuesto, no falta el dirigente o funcionario corrupto que siempre encuentra la forma de manipular procesos públicos a favor de sus intereses particulares.

Pero bueno, lo importante es que estamos avanzando y ahora una gran cantidad de ciudadanos reclaman gobiernos transparentes, en los cuales las promesas gestadas en las políticas públicas no se queden en el papel y encuentren una buena gestión que las hagan realidad.

Por eso considero que las nuevas generaciones “no comen cuento” de las clases dirigentes tradicionales y están ansiosas por un cambio. Un cambio donde el actuar del gobierno sea priorizar el bienestar de la sociedad y no el del político de turno.

El peligro actual es que los legisladores se nos adelanten e involucione la regulación, reduciendo las capacidades de control social sobre la ejecución de los planes y proyectos públicos.

Más escritos relacionados: 

https://primernombre.com/2018/08/25/como-no-dejarse-enganar-por-la-estupidez-humana/

https://primernombre.com/2018/07/23/haz-cosas-malas-que-parezcan-buenas-logica-politica/

Crédito fotografías: https://unsplash.com/ 

Escrito por: Yesenia Motta- Columnista invitado.

Entendiendo qué, las políticas públicas se han convertido en una herramienta esencial para la gestión de la empleabilidad y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, es importante que se encuentren ligadas con las empresas, debido a que éstas brindan las fuentes de empleo.

Sin embargo, según el libro “Máster Empleo”, la política está totalmente sobrepasada por las pocas oportunidades laborales que hay en nuestro país; de ahí que la normativa actual tenga un carácter “defensivo” y centrada en corregir las variabilidades más evidentes del mercado del trabajo.

Así como también el desequilibrio generado por el desempleo masivo, las dificultades de acceso al empleo de ciertos grupos como los jóvenes sin experiencia, las mujeres, los desplazados, los mayores de 50 años y los discapacitados, son los fenómenos más relevantes de nuestro mercado laboral.

El desempleo en Ocaña

Ocaña no ha sido ajena a esta problemática, evidenciándose esto en las calles y los parques del municipio, donde es notoria la gran cantidad de personas sin una ocupación.

Pero ante esta situación, surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué está haciendo la alcaldía para contrarrestar este problema social y económico?, ¿Cuáles son los programas que actualmente se están implementado para contribuir al bienestar de los ocañeros?, ¿Las empresas han aplicado las políticas públicas de empleo?

Estas son algunas de las preguntas que nacen al analizar el tema del empleo en esta localidad y para darles respuesta, fue necesario desarrollar un trabajo de campo investigativo que permitiera conocer el manejo de dichas políticas, el papel que juegan las empresas y la manera en la que se beneficia la población.

¿Y la Alcaldía de Ocaña qué?

Inicialmente, la entidad municipal como entidad garante de los derechos de los ocañeros, planteó dentro de su Plan de Desarrollo en cabeza de la alcaldesa Miriam Prado, un único programa de empleo materializado en la oficina de “CEMPRENDO”.

El director actual de la institución, Francisco Gonzales Fortunato, nos describió las diferentes rutas que desde allí se vienen dando: ruta de emprendimiento, ruta de empleabilidad y la ruta de referenciación. De cada una se desglosan los programas, en el caso de empleabilidad se encuentran divididos uno para los empresarios y otros para las personas.

Además, Gonzales Fortunato también nos señaló los pocos recursos que recibe por parte de la alcaldía y que su financiación en gran medida se debe al apoyo recibido de otras instituciones a través de los convenios y alianzas estrategias que con su gestión ha podido llevar a cabo.

El sector empresarial ocañero

Los empresarios locales afirman que es difícil desarrollar sus actividades comerciales en un panorama donde reina la informalidad frente a la ejecución de las labores legalmente constituidas. Por su parte, la alcaldía municipal ataca al problema, pero no toma las acciones necesarias para solucionarlo de raíz.

Adicionalmente, en relación a los programas de empleo, son pocos los que se conocen en el mundo corporativo y el único que los empresarios han aplicado en sus organizaciones es la ley de los “40.000 empleos” (en este punto vale aclarar que esta información fue tomada de las entrevistas realizadas a cinco empresas reconocidas en la ciudad).

La anterior situación evidencia la baja participación de las empresas ocañeras dentro de dichas políticas públicas.

No obstante, si hablamos en relación a la población beneficiada por lo programas de empleabilidad, no han representado un impacto importante en comparación con la totalidad de personas que habitan en Ocaña. Predominando a simple vista el llamado “rebusque” que ejercen muchas personas en toda la ciudad, llegando a afirmar la falta de fuentes de empleo legal.

Se puede concluir que son evidentes los pocos esfuerzos que se han implementado para contrarrestar los problemas de desempleo, informalidad, contrabando y demás problemáticas en nuestro municipio, y que las políticas públicas de empleo, no se practican como deben ser: en pro de la calidad de vida de los ciudadanos.

Bibliografía

Hernández, J. G. (27 de Septiembre de 2013). Máster empleo . Recuperado el 2017 de 26 de 2017, de http://www.masterempleo.com/mas/politica-de-empleo-definicion/

Edición: Daicy Echeverri- Directora revista digital PrimerNombre.com

Otros artículos relacionados: 

https://primernombre.com/2017/10/09/detras-de-los-espectaculos-de-un-minuto-de-talento-en-los-semaforos-de-ocana/

En Colombia como en cualquier otra sociedad nacen, se reproducen y permanecen cualquier variedad de problemáticas en las cuales el Estado como autoridad nacional tiene la responsabilidad de darle salida, y para esto utilizan una herramienta llamadas políticas públicas que son “una alternativa de solución a un problema planteado que implica el uso de recursos públicos y una decisión de tipo legal administrativo o regulatorio. Éstas se plantean y ejecutan con base en prioridades presupuestales, técnicas y políticas” (Andje, 2013).

Con base en lo anterior la pregunta es ¿Qué están haciendo las autoridades colombianas para mitigar el problema de la corrupción por parte de los servidores públicos?, el tema del robo de recursos y los malos procesos que son llevados en la gestión pública se han convertido en costumbrista.

No solo bastó con el escándalo de Obredecht el cual hizo que se perdiera la legitimidad por las instituciones públicas, sino que aún siguen destapándose actos ilegales, inmorales y éticos, éstos funcionarios causan que la población pierda cada vez más credibilidad por la política colombiana.

Para no dejar el interrogante suelto es necesario decir que los controles para contrarrestar esta problemática en Colombia son las políticas que el gobierno ha establecido como son:

La política pública integral anti-corrupción, la cual tiene como objetivos, fortalecer los mecanismos para la prevención, con esta medida el gobierno busca mejorar el acceso y la calidad de la información pública para evitar la corrupción, mejorar las herramientas de gestión, aumentar la incidencia del control social,  promover la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad, reducir la impunidad en actos de corrupción y así mismo se encuentra, también la llamada, Comisión Nacional de Moralizacion, este consejo anti corruptivo está presidido por el presidente de la república e integrada por las cabezas de las ramas del poder público y los organismos de control (Gobierno).

Es importante que exista todo tipo de políticas ya que comprometen a las instituciones públicas a trabajar para cumplirlas y además brinda seguridad a los ciudadanos que por lo menos existen medidas que limitan la gestión pública.

Pero, ¿Será que solo basta con ellas para erradicar el problema?, como lo dice la Andje (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) es una alternativa de solución, la cual se hacen con el objetivo de dar salida, pero ellas no garantizan la eliminación del problema.

La sociedad debe apropiarse de lo que está pasando en el país, como dicen por ahí, “no hay que dejarlo todo en manos de papá gobierno” y además  “sin la voluntad de bienestar  o de poder de cada persona, sería inútil la acción del Estado, por bien intencionada que ella fuese” (Falla, 2000).

No obstante, toda medida, así como beneficia a algunos también perjudica a otros, en cuanto a sus beneficios tenemos que los controles permiten al gobierno contar con servidores públicos como privados éticos-morales, razonables y legales, además disponer con procesos claros, eficaces y aptos los cuales lleven el adecuado manejo administrativo de los recursos públicos disponibles permitiendo la rápida atención a las peticiones de la sociedad.

Otro de los aspectos positivos es la posibilidad de contar con funcionarios o entes que se encargan de verificar, controlar y evaluar todos los procesos y las funciones de las personas que manejan dineros públicos, por lo anterior, los principales beneficiados con estas políticas anti-corruptivas son la sociedad.

Los perjudicados con la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción) son los funcionarios que cometen fraudes durante la administración de los recursos públicos,  ya que estos aprovechan sus cargos para buscar su propio beneficio, durante muchos años atrás no habían sido descubiertos y pusieron en marcha grandes proyectos de inversión con el fin de sacar una buena tajada de estos recursos, por lo tanto, todos estos “corruptos” serían los principales afectados con estas medidas ya que al ser descubiertos perderían crédito a su ética-moral, su trabajo y así mismo generarían un alto nivel de desconfianza por parte de la sociedad hasta cierto punto que podrían perder su libertad.

Las soluciones a esta problemática deben ser más drásticas, el estado no puede seguir dejando pasar estos eventos desapercibidos, una persona que afecta negativamente a la nación no debe salirse con la suya solo por pagar con recursos propios los daños causados, es necesario una lección penal independientemente de que pagué lo que robó.

Adicionalmente, las autoridades del Estado deberían integrar a esta política la participación obligatoria de un porcentaje de la población, y es que la sociedad debe despertarse, la nación la conformamos todos no solo el gobierno, hay que hacernos participe de los temas que afectan al país, por que señalar a los culpables es una tarea fácil, pero hacer respetar los derechos es una tarea de aquellas personas que tienen coraje.

 Bibliografía

Andje. (2013). Gerencia y Gestión Pública hacia los Municipios Inteligentes.

Falla, L. Z. (2000). Los derechos del ciudadano.

Gobierno. (s.f.). Secretaria Transparencia. Obtenido de http:/www.secretariatransparencia.gov.co

Escrito por: Dayana Paola Domínguez Jácome, Claidy  Liceth Portillo Ballesteros, Loraime  katerine Portillo Ballestros - estudiantes de administración de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.

Edición: Daicy Echeverri- Directora Revista PrimerNombre.com

Crédito foto: Photo by Dan Gold on Unsplash