Escrito por: Mg. Alex Mauricio Rodríguez Suárez- Director revista PrimerNombre.com

Que las personas confíen en el gobierno de turno, o de manera general en el ejercicio político, como un medio que da soluciones a los problemas de la sociedad, de la mejor forma posible, es algo inconcebible en la Colombia actual.

Al mismo tiempo, los colombianos siguen eligiendo a los políticos de siempre sin evaluar la viabilidad ni el impacto de sus propuestas o sus hojas de vida. Por otra parte, para alcanzar victorias electorales se hace necesario un buen presupuesto, maquinarias e influencias que están atadas a favores políticos después de ser elegidos.

Entonces, ¿eso significa que estamos condenados a que los políticos y gobernantes despilfarren los recursos públicos a su antojo y el de sus allegados?

Son más los buenos  

Me rehúso a creerlo, y es que siempre serán más los buenos que los malos, y son cada vez más los buenos que se están formando y recibiendo educación; en el país ha venido bajando los índices de analfabetismo y aumentando la cantidad de personas con educación superior, tanto en pregrado como en posgrado.

Aunque muchos no crean en la calidad o en el sistema educativo, además de la exorbitante cantidad de contenido mediático estúpido a la que estamos expuestos a diario, promovido principalmente por la era digital, hace difícil pensar que existan estudiantes íntegros y con pensamiento crítico.

Así que tenemos una generación que se está cualificando, mientras se enfrenta a la cruel realidad del país donde abundan las injusticias y carece de oportunidades dignas para personas éticas.

La constante lucha contra la corrupción

No obstante, la presión social para disminuir la corrupción está logrando que se cree reglamentación en pro de la transparencia de la información pública, permitiendo que las personas indaguen y cuestionen la administración de los recursos, haciendo que los encargados de los mismos tomen decisiones con mayor cautela logrando resultados más significativos.

Por ejemplo, que se haga un concurso de méritos cuyo proceso hace sentir que las personas ya estaban preseleccionadas debería quedar en el pasado, es necesario que se garantice la confianza en las fases que llevan a elegir a la persona más idónea para la organización, por supuesto, no falta el dirigente o funcionario corrupto que siempre encuentra la forma de manipular procesos públicos a favor de sus intereses particulares.

Pero bueno, lo importante es que estamos avanzando y ahora una gran cantidad de ciudadanos reclaman gobiernos transparentes, en los cuales las promesas gestadas en las políticas públicas no se queden en el papel y encuentren una buena gestión que las hagan realidad.

Por eso considero que las nuevas generaciones “no comen cuento” de las clases dirigentes tradicionales y están ansiosas por un cambio. Un cambio donde el actuar del gobierno sea priorizar el bienestar de la sociedad y no el del político de turno.

El peligro actual es que los legisladores se nos adelanten e involucione la regulación, reduciendo las capacidades de control social sobre la ejecución de los planes y proyectos públicos.

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Crédito fotografías: https://unsplash.com/ 

En Venezuela ya no hay democracia, porque la democracia no sólo implica ciertos procedimientos para seleccionar y controlar el poder político, sino también el alcance de objetivos y resultados, tales como el desarrollo económico, la justicia social o la igualdad.

Parámetros que no se están cumpliendo, por un lado, la economía del país está en crisis, tanto así que hay personas que decidieron buscar comida en la basura y el salario mínimo no alcanza para adquirir los productos de la canasta familiar.

Es normal ver en las casas de Cúcuta (Norte de Santander-Colombia) empleadas de servicio doméstico de nacionalidad venezolana que son profesionales, debido a que sus sueldos de profesora, médica, ingeniera y demás, son muchísimos más bajos que los ofrecidos por las casas de familia del vecino país.

La Venezuela que ahora come de la basura: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/cronica-venezolanos-comen-de-la-basura-66598

La inflación se encuentra por las nubes, y la estrategia presidencial de subir el salario cada vez que se le ocurre, aparte de insostenible e inviable, no repercute un impacto positivo en el problema económico del país, con un trasfondo que va más allá de tener más billetes en el bolsillo porque su valor lo determina el mercado, aquel que está colapsado por un sistema subsidiario y totalitarista donde no existe el respeto por el capital privado ni permite el crecimiento de sus pobladores a través de la generación de empresa, que por ende repercute en el desarrollo económico y social del contexto en el que opera.

Maduro aumenta 50% el salario mínimo en Venezuela, tercer alza en 2017: http://www.portafolio.co/internacional/maduro-aumenta-50-el-salario-minimo-en-venezuela-tercer-alza-en-2017-507330

Ernesto Selman y Rafael Fornet afirman que en Venezuela "El poder se ejerce sin tomar en consideración los principios económicos más básicos, como el respeto a los derechos de propiedad. Se estima que bajo el régimen de planificación centralizada se han expropiado o estatizado más de 50.000 propiedades entre fincas (pequeñas, medianas y grandes), industrias y comercios, entre otros, sin compensación por valor de mercado".

Venezuela: Análisis económico de un país en crisis: https://www.elcato.org/venezuela-analisis-economico-de-un-pais-en-crisis

¿Y la justicia qué?

Respecto al concepto de justicia legal, el sistema penal está a merced del poder político del momento, como hemos visto si un fiscal no se encuentra de acuerdo con las decisiones del ejecutivo es descabezado enseguida, y si entramos en materia de justicia social, no hay igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, solamente los que estén dentro del circulo del régimen del presidente son los beneficiados.

Fiscal de Venezuela dice que espera ser destituida en las próximas horas: http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/fiscal-de-venezuela-dice-que-espera-ser-destituida-en-las-pr-322390

En torno a los derechos humanos, prima la fuerza y violencia cuando el derecho a la protesta se quiere usar, es por eso que hemos visto en las noticias varias personas muertas que participaban de marchas a manos de los uniformados de Venezuela, perdiéndose así el derecho a la vida y seguridad.

Protestas en Venezuela dejan 80 muertos, según ministro de Comunicación: http://www.noticiasrcn.com/internacional-crisis-venezuela/protestas-venezuela-dejan-80-muertos-segun-ministro-comunicacion

En conclusión, la democracia no se limita a cuestiones de régimen, porque no considera aspectos claves como la corrupción, la arbitrariedad en la toma de decisiones políticas, como en el caso de la medida de efectuar una constituyente en el vecino país para crear una nueva carta magna, todo por idea del presidente Nicolás Maduro; o en otra situación, la impunidad de los agentes públicos (Barreda, 2.010).

El presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863

Adicionalmente, surge toda esta problemática debido a que principalmente, en el caso de América Latina, la calidad democrática es precaria por la debilidad de los mecanismos de control del poder político existentes (Mainwaring, 2003) y también porque falla uno de los factores primordiales, la falta de una verdadera participación ciudadana incluyente donde exista una satisfacción generalizada de la población y que incida en las decisiones del gobierno.

La democracia más baja de Latinoamerica

Específicamente, existen estudios que comprueban que en Venezuela la calidad de la democracia es baja, al igual que Guatemala, Paraguay, Colombia, Honduras y Ecuador. “Así, el bajo nivel de calidad de la democracia venezolana y las oscilaciones experimentadas en el periodo 2000-2008 se explican por la década de gobierno de Chávez, que —como han puesto de manifiesto diversos estudios— ha erosionado considerablemente los fundamentos democráticos del régimen” (Barreda, 2.010). Ahora imagínense, las cifras aún más penosas en el periodo de Maduro.

Sin embargo, Colombia, según este estudio, ha experimentado una progresiva mejoría a lo largo de este tiempo debido al avance en la seguridad y la pacificación del país, gracias a un conjunto diverso de iniciativas, como las medidas de represión de la violencia, procesos de negociación y espacios de construcción ciudadana de paz (Barreda, 2.010).

El poder centralizado

Si bien, el desarrollo de un país favorece la calidad de la democracia, en el que un factor es la modernidad de la estructura socioeconómica de un país, en Venezuela ha habido un retroceso, por no estar sujeta al mercado e implementar estrategias como la expansión económica, seguridad en la propiedad privada, libertad financiera y empresarial sino se guía por la aplicación de políticas proteccionistas y subsidiarias, que también fueron ejecutadas en otras naciones con resultados negativos por su desigualdad económica y fomentar una brecha grande entre el gobierno que es dueño de todo y los ciudadanos poseedores de nada, concentrando así todo el poder de manera centralizada.

Por estas razones y más, Venezuela no es un país democrático, si aún lo duda, pregúntese ¿Cuál es la "aptitud (capacidad de acción) —del gobierno— para responder a las preferencias y demandas de los ciudadanos"? Su comportamiento en cambio, está orientado en usar su poder para “desarrollar políticas para perjudicar a los grupos perdedores, restringir su libertad de oposición y proveer los bienes públicos de tal forma que no se permita beneficiar a los grupos excluidos” (Barreda, 2.010).

El concepto revolucionario del expresidente Hugo Chávez seguido por el actual mandatario Nicolás Maduro, dejan claro su actitud antipartidista, con tendencia a ampliar sus poderes y a debilitar los mecanismos de control al gobierno, (Barreda, 2.010)  como se ha demostrado con las políticas efectuadas.

La verdadera democracia 

Según, Dahl (2002), la democracia debe satisfacer ocho garantías institucionales: libertad de asociación, libertad de expresión, en Venezuela los medios de comunicación fueron uno de los afectados por el llamado “régimen revolucionario”, ocasionando el cierre de algunos, la censura en otros y respecto a los periodistas, se han visto agredidos ejerciendo su profesión.

Venezuela: Denuncian que 376 periodistas han sido agredidos en protestas contra Nicolás Maduro http://peru21.pe/mundo/venezuela-denuncian-que-376-periodistas-han-sido-agredidos-protestas-contra-nicolas-maduro-2286987

Además, en una nación democrática se debe garantizar también la libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes a competir en busca de apoyo, esto me recuerda a Leopoldo López dirigente opositor y preso político; adicionalmente, diversidad de fuentes de información, cuando en realidad en Venezuela hay un monopolio gubernamental de información; elecciones libres e imparciales e instituciones que cercioren que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias, cuestiones que no se cumplen en el vecino país.

Por ejemplo, en un informe de Human Rights Watch (2008) describe las medidas impulsadas por el gobierno venezolano, tales como la censura y la discriminación de la oposición política, el cierre de los medios de comunicación o la intromisión en la acción del poder judicial.

En palabras de O'Donnell (2001, p. 27), "la democracia no es tan sólo un régimen democrático, sino también un modo particular de relación, entre Estado y ciudadanos y entre los propios ciudadanos, bajo un tipo de estado de derecho que, junto con la ciudadanía política, sostiene la ciudadanía civil y una red completa de rendición de cuentas".

Bibliografía

Barreda, M. (2.010). Mikel Barreda. Politica y gobierno , http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372011000200003.

Dahl, Robert (2002), La poliarquía: participación y oposición, Madrid, Tecnos

Human Rights Watch (2008), Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, Nueva York, Human Rights Watch, disponible en: http://www.hrw.org/spanish/reports/2008/venezuela0908/ [fecha de consulta: 5 de julio de 2.017]

Mainwaring, Scott (2003), "Introduction: Democratic Accountability in Latin America", en Scott Mainwaring y Christopher Welna (eds.), Democratic Accountability in Latin America, Nueva York, Oxford University Press, pp. 3-33.

O'Donnell, Guillermo (2001), "La irrenunciabilidad del estado de derecho", Instituciones y Desarrollo, 8-9, pp. 43-82.

Escrito por: Daicy Celiani Echeverri Castillo – Magister en Comunicación e Identidad Corporativa (UNIR), especialista en Gestión Pública (UIS) y Comunicadora Social (UniPamplona) (Directora revista PrimerNombre.com).

En Colombia como en cualquier otra sociedad nacen, se reproducen y permanecen cualquier variedad de problemáticas en las cuales el Estado como autoridad nacional tiene la responsabilidad de darle salida, y para esto utilizan una herramienta llamadas políticas públicas que son “una alternativa de solución a un problema planteado que implica el uso de recursos públicos y una decisión de tipo legal administrativo o regulatorio. Éstas se plantean y ejecutan con base en prioridades presupuestales, técnicas y políticas” (Andje, 2013).

Con base en lo anterior la pregunta es ¿Qué están haciendo las autoridades colombianas para mitigar el problema de la corrupción por parte de los servidores públicos?, el tema del robo de recursos y los malos procesos que son llevados en la gestión pública se han convertido en costumbrista.

No solo bastó con el escándalo de Obredecht el cual hizo que se perdiera la legitimidad por las instituciones públicas, sino que aún siguen destapándose actos ilegales, inmorales y éticos, éstos funcionarios causan que la población pierda cada vez más credibilidad por la política colombiana.

Para no dejar el interrogante suelto es necesario decir que los controles para contrarrestar esta problemática en Colombia son las políticas que el gobierno ha establecido como son:

La política pública integral anti-corrupción, la cual tiene como objetivos, fortalecer los mecanismos para la prevención, con esta medida el gobierno busca mejorar el acceso y la calidad de la información pública para evitar la corrupción, mejorar las herramientas de gestión, aumentar la incidencia del control social,  promover la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad, reducir la impunidad en actos de corrupción y así mismo se encuentra, también la llamada, Comisión Nacional de Moralizacion, este consejo anti corruptivo está presidido por el presidente de la república e integrada por las cabezas de las ramas del poder público y los organismos de control (Gobierno).

Es importante que exista todo tipo de políticas ya que comprometen a las instituciones públicas a trabajar para cumplirlas y además brinda seguridad a los ciudadanos que por lo menos existen medidas que limitan la gestión pública.

Pero, ¿Será que solo basta con ellas para erradicar el problema?, como lo dice la Andje (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) es una alternativa de solución, la cual se hacen con el objetivo de dar salida, pero ellas no garantizan la eliminación del problema.

La sociedad debe apropiarse de lo que está pasando en el país, como dicen por ahí, “no hay que dejarlo todo en manos de papá gobierno” y además  “sin la voluntad de bienestar  o de poder de cada persona, sería inútil la acción del Estado, por bien intencionada que ella fuese” (Falla, 2000).

No obstante, toda medida, así como beneficia a algunos también perjudica a otros, en cuanto a sus beneficios tenemos que los controles permiten al gobierno contar con servidores públicos como privados éticos-morales, razonables y legales, además disponer con procesos claros, eficaces y aptos los cuales lleven el adecuado manejo administrativo de los recursos públicos disponibles permitiendo la rápida atención a las peticiones de la sociedad.

Otro de los aspectos positivos es la posibilidad de contar con funcionarios o entes que se encargan de verificar, controlar y evaluar todos los procesos y las funciones de las personas que manejan dineros públicos, por lo anterior, los principales beneficiados con estas políticas anti-corruptivas son la sociedad.

Los perjudicados con la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción) son los funcionarios que cometen fraudes durante la administración de los recursos públicos,  ya que estos aprovechan sus cargos para buscar su propio beneficio, durante muchos años atrás no habían sido descubiertos y pusieron en marcha grandes proyectos de inversión con el fin de sacar una buena tajada de estos recursos, por lo tanto, todos estos “corruptos” serían los principales afectados con estas medidas ya que al ser descubiertos perderían crédito a su ética-moral, su trabajo y así mismo generarían un alto nivel de desconfianza por parte de la sociedad hasta cierto punto que podrían perder su libertad.

Las soluciones a esta problemática deben ser más drásticas, el estado no puede seguir dejando pasar estos eventos desapercibidos, una persona que afecta negativamente a la nación no debe salirse con la suya solo por pagar con recursos propios los daños causados, es necesario una lección penal independientemente de que pagué lo que robó.

Adicionalmente, las autoridades del Estado deberían integrar a esta política la participación obligatoria de un porcentaje de la población, y es que la sociedad debe despertarse, la nación la conformamos todos no solo el gobierno, hay que hacernos participe de los temas que afectan al país, por que señalar a los culpables es una tarea fácil, pero hacer respetar los derechos es una tarea de aquellas personas que tienen coraje.

 Bibliografía

Andje. (2013). Gerencia y Gestión Pública hacia los Municipios Inteligentes.

Falla, L. Z. (2000). Los derechos del ciudadano.

Gobierno. (s.f.). Secretaria Transparencia. Obtenido de http:/www.secretariatransparencia.gov.co

Escrito por: Dayana Paola Domínguez Jácome, Claidy  Liceth Portillo Ballesteros, Loraime  katerine Portillo Ballestros - estudiantes de administración de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.

Edición: Daicy Echeverri- Directora Revista PrimerNombre.com

Crédito foto: Photo by Dan Gold on Unsplash

Autores: Rosa Damaris López Forero,  Laura Fernanda Rincón Gaona, Dayana Marcela Gamboa Contreras estudiantes de administración de empresa de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

La política de erradicación y disminución de cultivos ilícitos en Colombia, fue creada en cabeza de la presidencia en el punto 4: drogas ilícitas del acuerdo de paz acordado en La Habana el 16 de mayo de 2014, su objetivo es resolver el problema de las siembras mediante la sustitución con la participación efectiva de las comunidades, la aspiración de dicha política es que toda la sustitución sea voluntaria. En los casos donde los cultivadores no quieran participar o incumplan los compromisos, la erradicación será manual donde sea posible.

Según la DEA, la producción de cocaína en Colombia aumento un 35% entre 2015 y 2016, pasando de 250 a 710 toneladas, los actuales niveles de producción son los más altos reportados, aumentaron 18% en 2016, pasando de 159 mil a 188 mil hectáreas.

Estas cifras son alarmantes ya que el número de hectáreas sembradas en tierras colombianas sigue en ascenso y la lucha intermitente no arroja resultados. EE. UU. reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno nacional al endurecer los controles de comercialización de los productos químicos, pero los traficantes han encontrado como evadirlos y aún son capaces de camuflarlos.

Lamentablemente llevamos 3 años de política de erradicación y disminución de cultivos ilícitos fracasando, lo que sea que reemplace a la coca debe tener tierra, asistencia técnica, comercialización y precio de compra y eso es lo que el gobierno nacional no les garantiza a los campesinos.

Los campesinos han estado dispuestos a sustituirla por productos como maíz, cacao y café, pero como creer en un gobierno que promete y engaña, la hoja de coca es el sustento de miles de campesinos colombianos en zonas abandonadas donde la pobreza no les deja otra opción.

“El campesino cocalero seguirá alimentando al narcotráfico mientras exista un gobierno corrupto”. La erradicación forzosa desde más de dos décadas, se ha constituido en un componente fundamental de la política de lucha contra el narcotráfico; sin embargo, no garantiza que la erradicación contribuya a revertir definitivamente la tendencia expansiva de los cultivos ilícitos en el país (Manrique, 2004).

Siempre aparece el fenómeno de la resiembra, primero hay que resolver los problemas sociales como la pobreza, desplazamiento forzado, falta de presencia del estado en comunidades vulnerables, zonas afectadas por la violencia, entre otros. La erradicación que se está haciendo con la sustitución tiene que dar resultados. Al igual es una idea difícil de creer, que, porque haya más o menos cultivos va a reducir o aumentar la violencia o consumidores, no existe narcotráfico sin consumidores.

De acuerdo a las estadísticas de la Encuesta Nacional sobre el uso de drogas que realiza anualmente el gobierno de EE. UU. El número de muertes por sobredosis de cocaína en el 2015 fue el más alto desde el 2007, por tal razón la erradicación de cultivos ilícitos es una de las mayores prioridades y exigencias del gobierno estadounidense para acompañar al país en el proceso de paz y en la dotación de fondos por parte del Gobierno de EE. UU.

El consumo estadounidense, o mejor aún, la adicción es una enfermedad y por lo tanto un problema de salud pública. La responsabilidad no es solamente de Colombia, ante la falta de controles por parte del gobierno de EE. UU, el problema es de cuestión de economía si hay demanda habrá oferta, mientras los estadounidenses consuman, así Colombia logre erradicar la coca, ellos la buscaran en otros países. Atacar a la oferta solo lleva a una guerra sin fin en la cual se derrama sangre de campesinos inocentes.

Referencias

Manrique, C. E. (2004). CULTIVOS ILÍCITOS Y ERRADICACIÓN FORZOSA EN COLOMBIA. Cuadernos de Economía.

Crédito foto: Photo by Kai Oberhäuser on Unsplash

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