La Universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña realizó una investigación para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las construcciones verticales del municipio.

Los datos se obtuvieron a partir de encuestas realizadas a 33 obras con licencia de construcción aprobadas y vigentes por parte de la Alcaldía de Ocaña, el Observatorio Regional del Sector de la construcción participó en conjunto con la institución superior en el proceso de recolección y análisis de la información.

La conclusión llegada es que la mayoría de obras no resguardan la vida de sus trabajadores al exponerlos sin ningún tipo de seguridad.

Según la ley del Ministerio de Trabajo (2015) es responsabilidad de las empresas incluir a sus empleados dentro del SG-SST para lo cual deben suministrarle los elementos de protección personal que requieran en el puesto de trabajo.

Cifras

Desglosando este aspecto podemos observar en la gráfica que las compañías en un porcentaje mayoritario incumplen con esta normativa, es así como encontramos que el 82% de las mismas no les brindan casco de seguridad, el 70% no les otorga ropa de protección, el 73% no cuentan con zapatos de protección, así mismo, el 63% ni siquiera posee equipo de protección en alturas y el 82% no entrega protectores de manos y brazos.

Adicionalmente en cuanto a requerimientos muchas organizaciones no han definido las normas de seguridad en el trabajo ni capacitaciones para evitar accidentes.

Debido a estos resultados lanzamos una voz de alerta para que las entidades encargadas del control de las obras de construcción realicen el debido registro para contrarrestar incidentes laborales.

Redacción y edición: Directores de la revista digital PrimerNombre.com

Créditos fotografía: Unsplash.

“Colombia podría convertirse en una potencia alimentaria en el transcurso de las próximas dos décadas. La clave está en desarrollar una agroindustria competitiva” (Semana, 2016).

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) publicó cifras preocupantes sobre las ventas externas de petróleo y sus derivados, en el mes de agosto de 2015 se exportaron 22,8 millones de barriles de petróleo crudo, frente a 16,4 millones de barriles en el mismo mes de 2016, lo que representó una disminución de 28,1%, cifra que responde por casi una tercera parte de las exportaciones totales de otros sectores.

Por esta razón, Colombia se está demorando en el deber de ampliar su oferta exportadora para tener un crecimiento más balanceado, es decir, hay que ajustar el modelo económico para que otros sectores tomen el liderazgo.

Según la FAO, (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura): “Para el año 2.050 habrá 9.300 millones de bocas que alimentar en el mundo por lo que se requerirá entre un 50% a 60% más de alimentos y productos agrícolas”.

Con esta realidad presente, los expertos están de acuerdo sobre el importante papel que podría jugar la agroindustria que involucra desde la producción agrícola, pasando por el proceso de pos-cosecha, procesamiento, hasta la comercialización nacional e internacional.

Esto significa para Colombia una magnífica oportunidad, pues, según la FAO, es una de las siete naciones que puede volverse despensa mundial de alimentos, gracias a que tiene suficiente tierra para ampliar la frontera agrícola sin necesidad de tumbar bosques.

Además, goza de privilegios naturales como ser el tercer país con mayores recursos de agua y diversidad climática. La clave está en enfocarse en los sectores donde tenga una clara ventaja comparativa ya sea natural o de mercado es decir la capacidad del país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro.

Si Colombia aprovecha sus ventajas y privilegios naturales logrando desarrollar una agroindustria competitiva, resolvería muchos problemas, entre ellos el desempleo en el campo.

Es hora de que en Colombia nos tomemos la Agroindustria en serio. Debemos poner en marcha unas estrategias eficaces que permitan innovar en la creación de productos que logren penetrar todo tipo de mercados con el principal potencial de Colombia que es el agro. Latinoamérica podría darle de comer al mundo.

La falta de políticas públicas y el miedo del inversionista extranjero por la inseguridad que azota los campos del país, son factores en los que se debe trabajar para que el sector pueda tener un crecimiento sostenible.

El agro de Colombia siempre ha tenido que trabajar en condiciones precarias. Campesinos de todas las regiones han luchado siempre por obtener recursos que les permitan incrementar la productividad, por eso es necesario pensar en tener condiciones y garantías para el desarrollo de su trabajo diario dignificando lo que hacen.

Los resultados han sido pobres y el futuro sigue inseguro. Las multinacionales deben compensar los daños ecológicos, pagar impuestos y con esos dineros apoyar el agro.

Adicionalmente, es importante evitar los monocultivos que deterioran el suelo, brindar asesoría técnica a los campesinos, devolver inmediatamente las tierras a los desplazados, crear cooperativas agrarias, no permitir que entidades territoriales administren recursos para cofinanciar proyectos agropecuarios ya que se hacen por fines políticos no teniendo en cuenta la calidad de los proyectos.

Es fundamental llegar al punto de poder decirle al agricultor que produzca sin temor de una sobreproducción nacional que pone los precios por el suelo, perdiendo parte de sus cultivos, pero lastimosamente, el principal potencial del país no es eficiente y pone en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos.

En Colombia solo una minoría de personas invierten en el sector agrícola por el hecho de que no es rentable gracias a la corrupción y a los problemas sociales, por ejemplo, en muchas regiones del país producir leche no es beneficioso porque no hay vías por donde se pueda transportar el producto, dejando en evidencia una clara externalidad que afecta este negocio.

Tenemos que cuidar nuestro agro, hacer que nuestros productos sean competitivos para que las empresas colombianas no busquen sus materias primas en otros países y para ello se necesita el apoyo del estado. La industria del agro es un motor de desarrollo económico y social, una oportunidad para Colombia.

Escrito por: Rosa López, estudiante de la UFPSO.

Editado por: PrimerNombre.com

Desde hace varias semanas se ha venido comentando acerca de la reforma tributaria que está preparando el Gobierno Nacional y que se espera sea radicada en el Congreso para su respectivo trámite, la mayoría de los colombianos quiere comprender qué se viene con ese intento del presidente Juan Manuel Santos para tapar el hueco fiscal del Estado.

Además, hace años se denunció por parte de la comunidad estudiantil un déficit de 12.6 billones de pesos en la educación superior del país.

Por otro lado, el impuesto a las gaseosas resulta importante no por los estados económicos del país, sino por cuestión social y salubridad. Entendemos que, aumentando los precios de productos perjudiciales para los jóvenes y niños, se da la batalla en la prevención de la obesidad en menores de edad, que son consumidores generalmente de estas bebidas.

Si analizamos desde el punto de vista financiero, la reforma gravará la gaseosa en $300 por cada litro, causando un impacto en la industria al disminuir las ventas para dichas empresas y los ingresos sufrirán la misma suerte, es decir, se desincentivaría la producción de este producto en Colombia.

Ahora bien, hay un tema relevante que se trató en el nuevo proyecto tributario, que es algo innovador en cuanto a reformas de este tipo se trata y es el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que lastimosamente las toca y se contempla desde una perspectiva de descontento para las personas que se encuentran en este medio.

En las redes sociales los ciudadanos han manifestado su indignación porque con esta medida se buscaría desincentivar la globalización del país por medio del Internet, los siguientes son los motivos:

Según el artículo 18 del proyecto, se busca gravar a las páginas web, hosting y almacenamiento en la nube, es decir, empresas como Mega, Dropbox u OneDrive, que son servicios de almacenamiento de pago mensual o anual, tendrían que aumentar el precio. El consumidor le saldrá más caro la adquisición de los productos y entrará el sector a disminuir su uso porque muchos no podrán seguir pagando.

Adicionalmente, el suministro de software, servicios online audiovisuales, de enseñanza o entrenamiento a distancia, plataformas de pago y demás, comenta el susodicho artículo que también serán perjudicados por el aumento del IVA.

Lo anterior, puede repercutir en lo siguiente, desaceleración de la economía digital, pérdida del emprendimiento web en el país, el cual ha sido uno de los que ha ayudado al crecimiento económico en los últimos años del país porque en Colombia a las startups (empresas emergentes) les gusta venir y generar empleos manejados a través de Internet.

Además, las compañías extranjeras que administran todo por medio de las redes no querrán llegar a invertir, no será rentable crear software y los servicios que se llevan a cabo por Internet, por ejemplo, Platzi, uno de sus creadores es colombiano, se verá inmiscuido en este tema por ser una plataforma de enseñanza digital.

Por otra parte, habrá IVA para los celulares que superen el precio de $650.000 y los computadores de más de $983.000, es decir, se va a desacelerar en primera medida el consumo de tecnología en Colombia.

-Algo que sin lugar a dudas comenzará a abrir las brechas del analfabetismo digital y el país se sumergirá en una especie de “desglobalización” respecto al colombiano promedio-.

Estas condiciones futuras no ayudarán a incentivar a los jóvenes a comprar cada vez mejores tecnologías para el emprendimiento, el software o cualquier tipo de producto tecnológico que se encuentre en vanguardia en el planeta.

En conclusión, es preocupante estos temas, porque el gobierno demuestra cada vez más su desinterés en cerrar las brechas tecnológicas en el país. Las personas con menos ingresos no podrán acceder a estos servicios modernos que ayudan a la adquisición de conocimiento y en la agilización de los procesos educativos que hace décadas parecía imposible.

Como dato adicional, no se puede esperar ser un país próspero si para crear empresa se exige una cantidad de procedimientos (más de 15 pasos), mientras en Estados Unidos, simplemente piden seguir de 5 a 7 pasos.

Escrito por: Yesica Paola Bayona Torres y María Angélica Bermúdez Galvis, estudiantes de Administración de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña.

Editado por: Daicy Celiani Echeverri Castillo- Directora Primernombre.com

La  Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña aprobó varios proyectos enfocados al estudio de los afluentes hidrográficos del Catatumbo para determinar los índices de escasez en las microcuencas y la calidad del preciado líquido.

“Sistematizamos experiencias relevantes en la región contribuyendo a la obtención de datos que permitan la toma decisiones en la resolución de problemáticas en cuanto al agua potable y el saneamiento básico”, dijo Maritza Caicedo, Apoyo del Observatorio Socioeconómico Ambiental del Catatumbo.

Igualmente, la institución de educación superior ha hecho un acercamiento con actores comunitarios con el fin de que apoyen al desarrollo social de la provincia.

“Debemos tener una buena relación, establecer confianza institucional con los campesinos cooperantes a tal punto que ya realizamos acciones en conjunto como, el análisis y evaluación de los ecosistemas que producen el agua”, explicó Maritza Caicedo.

En algunos corregimientos y demás centros poblados rurales se determinó que no tienen una prestación de servicios óptima.

“Por ejemplo, en Otaré la calidad y cantidad del agua está afectando a la comunidad, por eso queremos que el gobierno y los pobladores conozcan en qué condiciones se encuentra el líquido que está consumiendo el Catatumbo”, indicó Caicedo.

Adicionalmente, la UFPSO establecerá el origen del problema de potabilidad del agua para conocer si es por la infraestructura, el acueducto o es estructural y más complejo como el estado de las cuencas que producen el agua.

“Esa información la entregaremos a las administraciones municipales y docentes que son los principales líderes y responsables que abordan estas problemáticas y toman decisiones de orden técnico y social para la resolución”, manifestó Caicedo.

Daicy Celiani Echeverri Castillo

Comunicadora social- Especialista en gestión pública

Directora Primernombre.com