En carta enviada a la canciller y vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, la Registraduría Nacional del Estado Civil advierte de posibles irregularidades que estarían cometiendo jurados de votación en algunas embajadas y consulados de países en el exterior durante las votaciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas, que iniciaron desde el pasado lunes 7 de marzo.

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha solicita respetuosamente a la canciller instar a los embajadores y cónsules de Colombia para que realicen seguimiento a la labor que cumplen los jurados de votación y cumplan a cabalidad con sus funciones legales, instruidas en la capacitación y contenidas en la cartilla de jurados de votación en el exterior.

En dicha misiva, el Registrador Nacional indica que “en los eventos en que los embajadores y cónsules detecten cualquier queja o irregularidad por parte de los jurados, deben ponerla inmediatamente en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, ente que rige y sanciona disciplinariamente a ciudadanos colombianos en ejercicio de funciones públicas y/o a la Fiscalía General de la Nación, si dicha actividad es constitutiva de algún delito bajo la ley penal colombiana, para que sean investigados y procesados”.

El artículo 2.3.1.9.25 del Decreto No. 1620 de 2017 establece la responsabilidad de los embajadores, cónsules y demás servidores o particulares con funciones públicas, como jurados de votación y testigos electorales, en el cumplimiento de las instrucciones dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, so pena de hacerse acreedores de las sanciones establecidas en la ley.

La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene asignada la potestad sancionadora, exclusivamente, en relación con la no concurrencia al desempeño de funciones del jurado designado y con la no firma de los documentos electorales, de acuerdo a los parágrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Estatutaria 163 de 1994.

Escrito por: Juan Camilo Baracchi Velez- Columnista

Edición: Mg. Daicy Echeverri- Directora revista PrimerNombre.com

La primera vez que se habló de equilibrio en las esferas de poder fue en el Siglo XVII, cuando el Barón de Montesquieu manifestó su inconformidad con respecto a las formas de gobierno de la época en varias publicaciones en Europa. Pero, finalmente concluyó el tema de forma argumentada y concisa, en “El espíritu de las leyes”.

Esta obra expresa teorías básicas que hoy en día son practicadas por algunos países, creándose la división de los tres poderes de un estado, que ustedes conocen: poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Colombia: el país politizado

El fin es evitar la concentración del poder en un mismo cuerpo, podemos deducir que en Colombia tenemos una aplicación de esta teoría.

El poder ejecutivo ordena los gastos del presupuesto Nacional, y otras funciones, está encabezado por el Presidente de la República. El legislativo está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes; y el poder judicial por las altas cortes y los diferentes órganos judiciales.

Aunque estos tres poderes deben actuar de manera independiente, existen congresistas que han manifestado apoyo a candidatos presidenciales o peor aún las bancadas de los partidos se declaran a favor o en contra de un gobierno, incluso sin antes saber cómo actuará.

Para muchos ciudadanos no tiene sentido. A pesar que pertenezcan al mismo partido, no deja de ser una acción ilógica, porque en esta situación encontramos que el poder legislativo y el ejecutivo se unen: se reúnen, hacen política juntos...

Claramente, mientras se permita, todos lo harán, porque ambos poderes son elegidos por votación, y esto, crea un vínculo de conveniencia.

¿Se unirán los tres poderes?

Por ahora, el poder judicial queda a la expectativa, pero es posible que termine siendo víctima de este círculo vicioso como ha sucedido anteriormente. Ya veremos.

Un ejemplo, es el caso de la relación entre Presidencia, Senado, y Corte Suprema. ¿Saben quién juzga al Presidente de la República?, si, la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿Quién elige la Corte Suprema de Justicia? se escoge por cooptación, es decir, los que salen, deciden los que entran. Sin embargo, alguien debe postular para que ellos elijan; esto lo hace la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

¿Quién elige la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura?

Aquí es donde se encuentra mi preocupación: la selecciona el Senado de la República, aquellos que les conté que a través de “alianzas informales” ayudan a elegir al Presidente. El mismo que es juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Un circulo vicioso.  

Esta representación gráfica simboliza mejor este fenómeno. Ver Figura 1.

Figura 1. Elaboración propia.

¿Notaron el conflicto de intereses que se genera? Aquí comienzan los verdaderos actos de corrupción por parte de estos actores.

El país está completamente politizado, todo se enlaza hacía la política y por la política, que a su vez se relaciona con las tres ramas del poder.

El cambio

Colombia está pidiendo a gritos un cambio de la política tradicional, en las últimas votaciones quedó demostrado con los más de 10 millones de votos, con la primera revocatoria de mandato a un alcalde y en el despertar de la conciencia ciudadana.

Pero, el cambio no solo está en bajarle el sueldo a los congresistas. Debemos promoverlo desde los aspectos estructurales de fondo, transformar el sistema para que sea impenetrable e incorruptible.

Adicionalmente, los escenarios de poder deben ser meritorios, por concurso, cumpliendo como requisito innegociable que sus hojas de vidas sean intachables, que los candidatos no dependan de esos “personajes” que gastan grandes cantidades de dinero para seguir gobernando a su antojo, y/o se protegen de la justicia por su historial delictivo.