Escrito por: Por: Andrea C. Arias - Columnista de la revista PrimerNombre.com
Cada día que pasa nos acercamos más a las elecciones legislativas y presidenciales, por lo que hay una contienda electoral constante entre todos los candidatos. Lo que más ha sido visible durante estos tiempos son las puyas que directa o indirectamente se lanzan entre partidos políticos, y los colombianos participamos como espectadores, sacando cada uno sus propias conclusiones.
Sin embargo, a mi parecer, la atención a la que se han dirigido las elecciones está desenfocada. Principalmente, porque lo que nos debe interesar acerca de quienes pretenden gobernar son las soluciones que le darán a las problemáticas actuales, “no el dime que te diré”, que aunque es llamativo, no debería ser el foco.
Es necesario que un político demuestre en sus discursos más empatía y sobre todo, más conocimiento de la realidad de nuestro país.
Recordemos que más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema. Y adivinen, ¿Qué? Según el último censo en 2020, somos 50,8 millones de habitantes. La pobreza representa más de la mitad de la población.
Entonces, hablemos por ejemplo del más reciente informe de la Misión del Observatorio Electoral (MOE) ‘Mapa y factores de Riesgo Electoral’ donde se señala que 319 municipios de Colombia se encuentran en riesgo por factores de violencia.
Nadie se atreve a ir a ninguno de esos lugares y mucho menos los políticos
De las casi 50 millones de personas que viven en Colombia, 38 millones de ellas, pueden votar. Pero, ¿qué pasa con quienes no pueden ni siquiera acercarse a un puesto de votación? quienes precisamente son los que necesitan alzar su voz, ser informados y sobre todo, participar.
La democracia en Colombia está clasificada y no es para todos. Otro problema que le sumamos a este artículo. Me pregunto ¿Quién hablará por ellos? y ¿Quién se ocupará de sus problemas?
Sólo en el norte de Quibdó un grupo conocido como ‘Los mexicanos’ cobra hasta 20 millones de pesos por realizar una campaña política. La violencia no ha terminado, el ELN y otros grupos armados han confinado a poblaciones enteras. Es un problema histórico al que un sólo político o partido no podría atacar.
Se necesita mucho más que política…
Por otro lado, está la educación que tanto se menciona en las propuestas. El problema también va mucho más allá de tener buenas iniciativas. Comencemos con la situación de la niñez en nuestro país: Según el ICBF, en el primer trimestre del año se han registrado 2.855 casos de abuso sexual infantil.
Diariamente se registran 66 casos de violencia contra niños. En el año 2017 fueron abandonados 3.254 menores, de los cuales, el 70% eran niños de escasos recursos y en la actualidad, un niño muere diariamente por desnutrición.
Es obvio que muchos de esos niños y como consecuencia de la pandemia, la deserción escolar aumentó (más de 100 mil niños dejaron los estudios) y por supuesto, el acceso a la educación, por su parte, disminuyó más de 3 puntos.
Pero si en Colombia, hay educación gratis ¿Por qué estas cifras tan alarmantes? Porque no hay coherencia entre las leyes y la realidad. Hay muchos niños obligados a trabajar, mendigando, drogándose o prostituyéndose, mientras otros combaten en las filas de ejércitos irregulares o sus casas no tienen cercanía con ninguna escuela.
El problema radica en que los puntos necesarios para tener derecho a la educación no son garantizados por el Estado. Claramente, no es un problema que pueda solucionar una sola persona, pero es evidente que se necesita más unión para que haya más coherencia en nuestra constitución con las necesidades de los colombianos.
¿Y en cuanto a la educación superior?
Escucho con atención muchos discursos y propuestas actuales que se dirigen a la inversión, pero ¿Qué pasa con la ley 30? Casi nunca nadie la menciona.
Por lo menos, los candidatos al Congreso más representativos y reconocidos no lo hacen y es en el legislativo donde necesitamos el impulso a su reforma. Esta ley tiene desfinanciada a las universidades porque el principal problema radica en que no hay la suficiente inversión para cubrir los cupos que han crecido exponencialmente desde que se creó la ley hace 26 años.
La desconexión de la realidad y el desconocimiento del contexto que está viviendo el país de los políticos y los ciudadanos comunes y corrientes no solo nos ha perjudicado a todos sino que ha polarizado el país completamente.
Necesitamos dejar atrás el hambre de escándalo en nuestra cultura y cambiar los asuntos en nuestra mente que se roban más la atención.
En gran parte, es cierto que los líderes políticos deben ir más allá de lo que hacen (lo exigimos), pero también es cierto que quienes tenemos privilegios muchas veces cerramos los ojos ante muchos que no tienen nada.
Necesitamos más empatía. Transformar el país no es solo una cuestión política, viene también de las raíces más profundas socioculturales que debemos reconocer y reiniciar.