Yadira M. Felizzola Cruz. Economista. Magister en Desarrollo Económico

El espectro radioeléctrico es una porción del espectro electromagnético que constituye el medio por donde viajan las ondas de radio que se usan para las telecomunicaciones. Gracias a este medio es posible transmitir diferentes tipos de comunicaciones que dan origen a diversos modelos de negocio, tales como la radio, televisión, servicios de comunicación inalámbrica, internet y telefonía móvil. Así las cosas, el espectro radioeléctrico (ERE) es un bien común fundamental para un gran conjunto de actividades económicas y su uso juega un papel importante para la sociedad. A pesar de ello, gran parte de la población desconoce de su existencia aun cuando lo utilice a diario. Esta característica de intangibilidad del espectro junto a otros aspectos como la capacidad de reutilización y reasignación, la dificultad de su delimitación, los conocimientos técnicos necesarios para su adecuada explotación, la amplia variedad de actividades que se abastecen de éste y el requerimiento de apegarse a legislaciones y acuerdos internacionales, hacen que su regulación sea una tarea que demande de propuestas y análisis en los que se conjuguen el control de los problemas presentes y la previsión de los avances futuros.

Sabiendo que el espectro radioeléctrico es un bien público, es tarea del Estado realizar su administración y regulación de manera que pueda garantizarse eficiencia en su uso y acceso, y evitar conductas de monopolio o colusión. Con la evolución de la sociedad se han creado nuevas necesidades y tecnologías que han provocado que la demanda del espectro aumente de forma considerable hasta el punto de convertirlo en uno de los recursos más valiosos y estratégicos en la era de la información. Por lo tanto, establecer nuevos esquemas de asignación, mecanismos de valoración y la gestión general de este recurso manteniendo el interés colectivo sobre el individual, son los retos a los que se enfrenta el Estado a través de sus entidades de regulación.

Los aspectos regulatorios del espectro vienen acompañados del concepto de eficiencia. Ya que el espectro es un bien público escaso y finito del cual deriva el bienestar de los ciudadanos, el Estado debe propender por la adecuada gestión de manera que se maximicen dichos beneficios. La eficiencia, entonces, abarca tres dimensiones: la técnica (con la que se busca tener el mayor número de frecuencias libres y la disminución de las interferencias), la social (con la que se persigue lograr el mayor acceso a servicios dentro del espectro por parte de los ciudadanos y su desarrollo social), y económica (para alcanzar el equilibrio a través de asignaciones eficientes a aquellos agentes con mayor valoración del bien). Dentro de este marco de eficiencia el regulador debe contemplar la transparencia en los procesos de gestión, la racionalidad y equidad en la asignación, la introducción de competencia dentro de los servicios y el desarrollo económico de la ciudadanía en general, considerando el aumento en los ingresos y el bienestar social.

En este orden de ideas, las dificultades y retos de la regulación del espectro son amplios. En primer lugar, se debe demostrar a la comunidad los beneficios que este recurso ofrece a la sociedad, mediante el despliegue de tecnologías que contribuyen al surgimiento de nuevos modelos de negocio y que impactan en el desarrollo de las naciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia las asignaciones del ERE además de brindar la posibilidad a los ciudadanos para el acceso a servicios que mejoran sus condiciones de vida, han sido útiles para la financiación de programas nacionales de telecomunicaciones sociales, como Computadores para Educar, Compartel o Gobierno en línea. Desde esta lógica, no está de más decir que cada ancho de banda licenciado tiene un alto valor económico para el desarrollo de la nación y, por lo tanto, es importante que la ciudadanía comprenda su funcionamiento y su gran impacto, no sólo porque es el insumo principal para ampliar servicios de telecomunicaciones, sino por su contribución al crecimiento económico. Así, la comunidad puede empezar a ejercer un papel de control social y vigilancia del espectro como bien público, lo que aún no sucede, a diferencia del control ejercido para otros bienes de características similares.

En segundo lugar, se deben determinar mecanismos de asignación del espectro más ágiles que permitan el ingreso de un mayor número de oferentes de servicios especializados para impulsar la competencia y la consecución de precios de mercado. En casos como estos la existencia de un mercado secundario, como el modelo propuesto por Coase1, podría agilizar los procesos de reasignación. Sin embargo, la apertura total del “mercado del espectro” como un mercado de valores actuaría como propulsor de celeridad en la asignación, pero podría desdibujar el papel del ente regulador y el ingreso de agentes especuladores a dicho mercado. Una apertura mínima condicionada al control de los usos dados al espectro puede ser un buen ejercicio de iniciación y optimización del ancho de banda.

Finalmente, sabiendo que uno de los mayores retos de la regulación del espectro es su valoración económica, se podrían considerar metodologías que integren una valoración subjetiva (tipo subasta) con un valor social. Así, por ejemplo, la valoración combinaría la apreciación del recurso (ERE) que hace un posible comprador con base en sus beneficios futuros con otros aspectos como el tipo de servicio a ofrecer2, con lo que se pueden ponderar con mayor peso aquellos servicios que contribuyan directamente con el desarrollo del país y que vayan de la mano con las políticas nacionales de desarrollo, así como nuevas tecnologías o mejoras significativas en los servicios ofrecidos.

Notas

1. Este modelo viene siendo discutido desde hace unas décadas y fue Ronald Coase quien hacia 1959 expuso que el sistema de asignación del gobierno era ineficiente por las restricciones a los usos y que al trasladarse los derechos de propiedad a los agentes se obtendría una solución análoga a un sistema de precios, lo que hoy se está analizando como una alternativa de solución para las necesidades de reasignación del espectro.

2. Sin embargo, en algunos casos, el espectro se encuentra destinado a unos servicios exclusivos, por lo cual esta valoración deberá hacerse teniendo en cuenta otros aspectos como el impacto en el desarrollo económico de la tecnología a desplegar.{jcomments on}