Para nadie es un secreto que en Colombia existen antecedentes de violencia, corrupción gubernamental, narcotráfico, grupos armados ilegales, explotación ilegal de los recursos naturales, que no han permitido que se pueda encontrar una solución unilateral con organizaciones al margen de la ley, para dar solución al conflicto armado interno que tanto ha perjudicado la calidad de vida de todos los ciudadanos y el progreso del país a nivel mundial.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), son uno de los grupos armados al margen de la ley que tiene más presencia y poder en Colombia. Según informe del ministerio de Defensa en cabeza de Juan Carlos Pinzón actualmente cuentan con cerca de 15.000 hombres de los cuales 6.700 son miembros activos y armados y 8.300 son miembros de apoyo y colaboradores; arraigados desde el año 1964 cuyo objetivo principal es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, también quieren evitar la intervención militar y de capitales Estadounidenses.
Durante todos estos años han sido cómplices, patrocinadores y beneficiarios de negocios ilegales, en los que sobresalen principalmente en tráfico ilegal de armas y drogas, además de otras violaciones a las leyes y derechos humanos como: Secuestros, extorsiones, terrorismo, reclutamiento de menores, asesinatos, plantación de minas antipersona, desplazamiento forzado de campesinos, actos de violencia sexual contra mujeres y niñas además de la provocación de abortos, todo esto sumado al gran desastre natural, social, económico y cultural que le han provocado al país.
El Gobierno Colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, busca la terminación del conflicto armado (Justicia social por medio del dialogo según las FARC), con la implementación de un acuerdo de paz también conocido como ¨Proceso de Paz en Colombia¨. Esta política pública que se viene implementado tiene como fin fundamental y principal el bienestar integral de todos los habitantes del país.
Estas negociaciones comenzaron formalmente el 18 de octubre de 2012, desde ese día tanto el grupo negociador del gobierno como el de las FARC han puesto todos sus esfuerzos en formular un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, mediante una serie de fases las cuales son acercamiento, concreción de los acuerdos, refrendación e implementación de dichos acuerdos.
De acuerdo con una entrevista hecha por el canal CNN al presidente Juan Manuel Santos los diálogos en la habana nos han costado a los colombianos cerca de $14.592.591.719 millones de pesos, dinero proveniente de fondo para la paz creado mediante ley 368 de 1997 (artículo 9 y 10) que se nutre con aportes de cooperación internacional y de empresas privadas.
El gobierno prevé que con el proceso de paz los miembros de las FARC se reintegraran a la sociedad por medio de la desmovilización y la entrega de armas para el mejoramiento de su calidad de vida, la de sus familiares y la de los ciudadanos, ahora bien, yo me pregunto qué harán todas estas personas para conseguir el sustento diario o de que dependerá su economía, pues la mayoría de los combatientes no tienen educación ninguna, además muchos de ellos fueron reclutados a la fuerza durante su infancia.
Según información suministrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el país desde 2003 hasta 2012 fueron reclutados cerca de 2.512 menores de edad de los cuales el 1,52% tenían un rango de edad de 9 a 12 años, el 30,82% de 13 a 15 años y el 67,64% de 16 a 18 años, además de ello aunque los cabecillas de las FARC tienen estudios como posgrados en finanzas, historia, especialidades en ciencias sociales, medicina además algunos de ellos son antropólogos e ingenieros agrícolas, cerca del 60% de sus integrantes no tienen ningún nivel de educación debido a su reclutamiento a temprana edad.
¿Será qué el gobierno piensa aumentar más los impuestos del ciudadano del común o modificar los presupuestos para beneficiar a estas personas con subsidios de alimentación, educación, salud y vivienda?
La tasa de empleo de nuestro país según el DANE en enero de 2015 fue de 10,8%, pero de esta cifra no se especifica el porcentaje de sub-empleos existentes. Debido a la gran masa de personas que ingresara al mercado laboral el gobierno deberá implementar la creación de nuevas empresas que puedan emplear a estos desmovilizados teniendo en cuenta su situación educativa y social.
Por otro lado ¿Éstas personas están dispuestas a someterse a todas las condiciones que exige el mercado laboral y lo más importante a los sueldos que de su trabajo devenguen? pues para nadie es un secreto que están acostumbradas a obtener grandes cantidades de dinero “fácil” proveniente de sus actividades ilegales y les será muy difícil hacerse a la idea de ganar un salario mínimo legal vigente, que para el año 2015 está en $644.350 según decreto 2731 de 30 de diciembre de 2014.
En Colombia, al igual que en países de nuestro continente, como: El Salvador y Guatemala en 1992 y 1996 respectivamente, se pudo firmar un acuerdo de paz que benefició a todos los ciudadanos. Hace falta que nuestro gobierno y en especial los miembros de las fuerzas armadas al margen de la ley tengan la voluntad de parar esta guerra que no ha llevado al país a ningún lado y sus resultados durante más de 50 años solo han sido odio, dolor y guerra.
Verónica Sanjuán Vargas, Administradora de Negocios Internacionales (c) de la Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte - Ocaña (FESC)