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LEY ACTUAL DE ANTICORRUPCIÓN EN COLOMBIA: LÍMITES Y ACIERTOS

En Colombia como en cualquier otra sociedad nacen, se reproducen y permanecen cualquier variedad de problemáticas en las cuales el Estado como autoridad nacional tiene la responsabilidad de darle salida, y para esto utilizan una herramienta llamadas políticas públicas que son “una alternativa de solución a un problema planteado que implica el uso de recursos públicos y una decisión de tipo legal administrativo o regulatorio. Éstas se plantean y ejecutan con base en prioridades presupuestales, técnicas y políticas” (Andje, 2013).

Con base en lo anterior la pregunta es ¿Qué están haciendo las autoridades colombianas para mitigar el problema de la corrupción por parte de los servidores públicos?, el tema del robo de recursos y los malos procesos que son llevados en la gestión pública se han convertido en costumbrista.

No solo bastó con el escándalo de Obredecht el cual hizo que se perdiera la legitimidad por las instituciones públicas, sino que aún siguen destapándose actos ilegales, inmorales y éticos, éstos funcionarios causan que la población pierda cada vez más credibilidad por la política colombiana.

Para no dejar el interrogante suelto es necesario decir que los controles para contrarrestar esta problemática en Colombia son las políticas que el gobierno ha establecido como son:

La política pública integral anti-corrupción, la cual tiene como objetivos, fortalecer los mecanismos para la prevención, con esta medida el gobierno busca mejorar el acceso y la calidad de la información pública para evitar la corrupción, mejorar las herramientas de gestión, aumentar la incidencia del control social,  promover la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad, reducir la impunidad en actos de corrupción y así mismo se encuentra, también la llamada, Comisión Nacional de Moralizacion, este consejo anti corruptivo está presidido por el presidente de la república e integrada por las cabezas de las ramas del poder público y los organismos de control (Gobierno).

Es importante que exista todo tipo de políticas ya que comprometen a las instituciones públicas a trabajar para cumplirlas y además brinda seguridad a los ciudadanos que por lo menos existen medidas que limitan la gestión pública.

Pero, ¿Será que solo basta con ellas para erradicar el problema?, como lo dice la Andje (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) es una alternativa de solución, la cual se hacen con el objetivo de dar salida, pero ellas no garantizan la eliminación del problema.

La sociedad debe apropiarse de lo que está pasando en el país, como dicen por ahí, “no hay que dejarlo todo en manos de papá gobierno” y además  “sin la voluntad de bienestar  o de poder de cada persona, sería inútil la acción del Estado, por bien intencionada que ella fuese” (Falla, 2000).

No obstante, toda medida, así como beneficia a algunos también perjudica a otros, en cuanto a sus beneficios tenemos que los controles permiten al gobierno contar con servidores públicos como privados éticos-morales, razonables y legales, además disponer con procesos claros, eficaces y aptos los cuales lleven el adecuado manejo administrativo de los recursos públicos disponibles permitiendo la rápida atención a las peticiones de la sociedad.

Otro de los aspectos positivos es la posibilidad de contar con funcionarios o entes que se encargan de verificar, controlar y evaluar todos los procesos y las funciones de las personas que manejan dineros públicos, por lo anterior, los principales beneficiados con estas políticas anti-corruptivas son la sociedad.

Los perjudicados con la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción) son los funcionarios que cometen fraudes durante la administración de los recursos públicos,  ya que estos aprovechan sus cargos para buscar su propio beneficio, durante muchos años atrás no habían sido descubiertos y pusieron en marcha grandes proyectos de inversión con el fin de sacar una buena tajada de estos recursos, por lo tanto, todos estos “corruptos” serían los principales afectados con estas medidas ya que al ser descubiertos perderían crédito a su ética-moral, su trabajo y así mismo generarían un alto nivel de desconfianza por parte de la sociedad hasta cierto punto que podrían perder su libertad.

Las soluciones a esta problemática deben ser más drásticas, el estado no puede seguir dejando pasar estos eventos desapercibidos, una persona que afecta negativamente a la nación no debe salirse con la suya solo por pagar con recursos propios los daños causados, es necesario una lección penal independientemente de que pagué lo que robó.

Adicionalmente, las autoridades del Estado deberían integrar a esta política la participación obligatoria de un porcentaje de la población, y es que la sociedad debe despertarse, la nación la conformamos todos no solo el gobierno, hay que hacernos participe de los temas que afectan al país, por que señalar a los culpables es una tarea fácil, pero hacer respetar los derechos es una tarea de aquellas personas que tienen coraje.

 Bibliografía

Andje. (2013). Gerencia y Gestión Pública hacia los Municipios Inteligentes.

Falla, L. Z. (2000). Los derechos del ciudadano.

Gobierno. (s.f.). Secretaria Transparencia. Obtenido de http:/www.secretariatransparencia.gov.co

Escrito por: Dayana Paola Domínguez Jácome, Claidy  Liceth Portillo Ballesteros, Loraime  katerine Portillo Ballestros – estudiantes de administración de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.

Edición: Daicy Echeverri- Directora Revista PrimerNombre.com

Crédito foto: Photo by Dan Gold on Unsplash

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