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SITUACIÓN REAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

victimasCon más de medio siglo de violencia y persecución, el gobierno colombiano ha intensificado el proceso de Reparación de Victimas y Restitución de Tierras, siendo este el objetivo principal en el aporte al Proceso de Paz, donde se busca por medios internos y externos la construcción de la paz y la planificación del Post conflicto.

Se prioriza la atención, asistencia y reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia, donde el Plan Nacional de Desarrollo, ha destinado para ello, 7,9 billones de pesos para el 2015, equivalente al 1% del PIB. Con un incremento del 6% en comparación al año anterior y con un aumento del 97% con respecto al año 2010. Así cumplir con lo estipulado en la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, ofreciendo el bienestar social a las 7.201.034 víctimas actuales del registro, que constituyen el 14% de la población colombiana, cerca de 5.548.431 millones son atendidas y reparadas con el sello de la Ley.

v1El Registro Único de Victimas, ha logrado actualizar la victimización, determinando el universo de las víctimas, aspecto que es muy discutido, puesto que según el DIH, solo aquellos que han sufrido violaciones, registradas, a partir del 1 de enero de 1985 pueden solicitar reparación económica y solo aquellos que fueron sacados de sus tierras después del 1 de enero de 1991 tienen derecho a la restitución de tierras.  Fue designada como histórica por la comunidad internacional, la ley sobre las víctimas, que es contradictoria en sí, pues conlleva una historia de violencia y corrupción que se puede convertir en un nuevo instrumento de guerra.

Más de medio siglo de violencia, alrededor de seis millones de personas desplazadas, miles de desapariciones, lesiones y muertes. Víctimas de una guerra donde reinan los intereses de la guerrilla, los paramilitares, la mafia, y la corrupción privada y pública.  Todo esto evidenciado en desapariciones y muertes como los falsos positivos, donde los actores principales han sido el gobierno y la fuerzas militares.

v2La mayoría de victimas solamente tendrá derecho a una reparación parcial. Aquellos que soliciten una indemnización en efectivo por vía administrativa deberán renunciar a la vía judicial, a un juicio y una condena, lo que quiere decir, a que se haga justicia.  Según determinaciones el DHI, quienes hayan sufrido violaciones a partir del 1 de enero de 1985, pueden solicitar reparación económica y a quieres expulsaron de sus tierras a partir del 1 de enero de 1991, podrán acceder a la restitución de tierras.

Es constante objeto de crítica la definición del universo de las víctimas, puesto que no garantiza una protección adecuada para los más vulnerables, al contrario de lo que establece el DIH, no reconoce en este proceso a los guerrilleros y cierra la posibilidad de cualquier tipo de protección a los afectados por las nuevas bandas criminales, denominadas Bacrim, y no se reconocen, como actores del conflicto.

v3La ley sobre las víctimas también asume no solo una reparación económica y moral, sino también la posibilidad de devolver la tierra a los desplazados. El gobierno colombiano tiene el compromiso de devolver al menos 2 millones de las 6,5 millones de hectáreas de tierra despojada por la violencia, cita Diego Pérez, miembro del Programa Suizo para la Promoción de la Paz (Suippcol). Para los principales actores del conflicto representa más un acto simbólico que una herramienta de reparación, puesto que es un proceso dispendioso y difícil de manejar.

A pesar de las faltas y los riesgos que su aplicación implica, es una esperanza para las comunidades. Queda esperar que se cumplan los compromisos. Si es así, realmente es un paso para la paz. De lo contrario la brecha hacia la guerra sería más grande. La sociedad civil siembra sus expectativas en un mejor futuro para sus familias.

v4El control de los recursos naturales, el acceso y apropiación de las tierras son los trofeos de la guerra en el país. La tierra y sus recursos están siendo almacenados y utilizados por poderes individuales y colectivos que manejan algunos ejércitos privados que benefician su propio bolsillo.   Como es  el caso de  Jorge Pretelt, expresidente de la Corte Constitucional, acusado de poseer unos predios que hoy reclaman las víctimas del conflicto armado.

En el conflicto armado y despojo de tierras, existen grandes inversiones privadas, con intereses de multinacionales, lo que empeora  la situación.  Como es el caso de la región occidental de Colombia, rica en producción hídrica y recursos naturales, lo que hace que proyectos de gran envergadura tengan sus ojos puestos en ella, como es el caso  del Proyecto Puebla Panamá, un megaproyecto de inversión continental a lo largo de América.

En este proceso están involucradas 31 comunidades y organizaciones que integran la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz, apoyadas por SUIPPCOL, Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia, para la protección y supervisión, no solo si han sido víctimas de la violencia y el conflicto armado, sino principalmente del despojo de sus tierras. Incluso el Gobierno ha determinado esta situación como el principal motivo del conflicto armado, finalmente cabe mencionar que organismos de cooperación internacional actúan en nuestro país, para garantizar el bienestar y cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos en especial a las víctimas del conflicto amado.

Ximena Gallardo, Administradora de Negocios Internacionales (c) Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte- Ocaña

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